Selva negra

Por Bryan Kabsther

Esta semana vimos el resultado de una ecuación realizada con la suma de varios factores: la ineptitud del gobierno + la desinformación + la “politiquería” barata. Una sucesión de eventos que, cual crónica de una muerte anunciada, nos avisaba el posible resultado. Se debieron tomar las precauciones del caso, no fue así, así que… Congratulations Mr. President!

“¡Bah!” –Dirás tú– “Otro blogsito pichiruchi que se une al cargamontón”. Pues no. Este blog es tan genial que sabe muy bien que eres un vago de porquería, a tal punto de no haberte tomado el trabajo de leer por lo menos una línea de los decretos cuestionados y mucho menos los antecedentes de estos penosos incidentes, razón y motivo por el cual, democráticamente, decidimos que uno de nuestros miembros haga esa chamba por ti.

Resulta pues que ya en agosto del 2008 la selva tuvo una paralización en contra del Decreto Legislativo 1015, norma que reducía el número de comuneros que debían votar para vender o dar en concesión terrenos de las comunidades de la sierra y la selva. Específicamente derogaba el artículo 11º de la Ley de Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas, Ley 26505 que señalaba que para disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras comunales de la sierra o selva, se requerirá del acuerdo de la asamblea general con el voto conforme de no menos de dos tercios de todos los miembros de la comunidad… hasta aquí un saludable “Hmmm” ya se manifestaba en el actuar de varios analistas.

Ahora bien, con respecto a este decreto la Defensoría del Pueblo presento una demanda de inconstitucionalidad ya que el mencionado decreto vulneraba el derecho constitucional de participación y consulta de las comunidades campesinas y nativas, así como el derecho a la identidad cultural (art. 2º inc. 19 y art. 89º de la Constitución. (Ya si no tienes una constitución en casa estás más perdido que Atahualpa en la guerra de las galaxias)).

Bueno, a parte de saltarse con garrocha el derecho de las comunidades campesinas, el decreto 1015 mostraba una deficiencia en la función legislativa del ejecutivo, ya que el tema legislado sobrepasaba las facultades otorgadas por el legislativo (recordemos que solo se dio facultades para regular aspectos relacionados con el TLC y en este paquete de decretos se creo el Ministerio del Ambiente, a la vez que se cerro el CONAFOR) lo que hace que nos preguntemos: ¿acaso el ejecutivo no conoce su propia ley orgánica?... Y empieza la pendejada del tetón.

Ya con este suceso teníamos claro que la legislación en materia de recursos naturales debía ser tratada con pinzas y guantes de ceda, motivo por el cual Velásquez Quesquén promete conformar una comisión para analizar el paquete de decretos emitido por el Ejecutivo (ojo, se trata de la promesa de un congresista).

Pasado el plazo dado por el presidente del Congreso para presentar el informe prometido (promesa incumplida, claro), las comunidades indígenas hicieron público el pedido a las autoridades para que se pronuncien sobre el paquete de decretos entre estos el 1090.

Luego de reuniones entre las organizaciones indígenas y el gobierno, se llega a declarar inconstitucional el 1090 por la respectiva comisión del Congreso, pero su derogatoria tenia que ser debatida en el pleno ¡el 4 de junio!

El mismo día, de manera jodidamente pendeja y sin un mínimo sentido de la realidad, sin un atisbo de tino político y de verdadera capacidad profesional, se suspende la sesión, no hubo quórum; los nacionalistas (tan estúpidos como siempre) estuvieron en la conferencia de prensa de su líder, Mauricio Mulder (Aprista pendejo como él mismo) presenta una cuestión previa hasta que la comisión multisectorial (esa conformada por Simon y los indígenas) remita un informe con los decretos cuestionados. O sea, el día que las papas quemaban decidieron dejar la olla prendida. Lo mas patético es, como ya se ha mencionado, que era un tema que debía ser resuelto lo antes posible; los problemas estaban tan entrampados entre tanta politiquería, que estaban a punto de desbordarse, lo que finalmente ocurrió el 5 de junio (sí, al día siguiente del frustrado debate).

De perros, gatos y decretos

Con respecto a la manzana de la discordia, es decir el D.L 1090 cabe resaltar un marco jurídico previo (materia que debió ser conocida por el ejecutivo y el legislativo):

- Constitución Política del Perú:
Art. 66: “Los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación (…) por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares…

- Convenio 169 de la OIT:
Art. 6, 7, 14, 15; concernientes en resumen sobre la consulta previa que se necesita hacer a las comunidades indígenas antes de tomar alguna decisión que pueda afectarlos de manera de cualquier manera (cultural, territorial)

- Ley 29157: (Ley que delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre diversas materias relacionadas con la implementación del acuerdo de promoción comercial Perú – Estados Unidos).
Art. 2: Plazo y materias de delegación.

Todas estas leyes en resumen dicen pues lo obvio, que el estado tiene que sí o sí, sentarse a hablar con la comunidad indígena y explicar toda esa mazamorra llamada Ley Forestal y algunas cosas mas..

Ahora, Imagínate que estás en tu casa y yo me acerco y te digo “Desde ahora tu sólo vas a habitar en el segundo piso, y por el primero te voy a pagar 2 soles, pero no lo vas a habitar… y lo voy a alquilar”, sin ni siquiera consultarlo contigo. Descabellado ¿no? Pues eso es lo que pasó.

El problema de la explotación de los recursos naturales abarca un punto muy aparte (sí, esto va para aquellos que gritan con el puño alzado “¡LA SELVA NO SE VENDE!”). La explotación de recursos es necesaria, reconocida en la constitución y regulada bajo los principios del desarrollo sostenible establecidos ya por el informe Burtland en 1983 y la famosa Convención de Río de Janeiro de 1992.

¿Mea culpa?

Pero sí es necesario buscar responsables debemos decir tajantemente que existe una responsabilidad bipartita.

Primero el gobierno peruano que demostró su total ineptitud para tratar temas de esta índole:

-No se tomo las medidas necesarias y oportunas con respecto al paquete de decretos.
-Si se habla de desinformación por parte de los pueblos indígenas, también debemos hablar de falta de métodos de comunicación e inducción en lo concerniente a recursos naturales por parte del gobierno para los mismos (total, en casos como estos, la pelota únicamente está en campo del gobierno, así sea que un par de congresistas estúpidos vayan a las mismas comunidades a soltar barbaridad y media azuzando a la población al enfrentamiento).

-Sigue siendo inaudito que el ejecutivo se extralimite en sus facultades y emita decretos a tonta y a loca. Tan malo es el decreto 1090 que va incluso en contra de lo que el TLC (materia para la que se dio facultades al Ejecutivo), ya que en lo concerniente a las concesiones forestales, se otorgan hectáreas sin limite de medición –al menos no en esta ley– a la iniciativa privada; ello sin necesidad de concurso o subasta. Mientras que el TLC establece la existencia de la necesidad de utilizar mecanismos transparentes y competitivos. Con lo establecido en el art.9, inciso 9.1, literal C, una empresa X puede simplemente tocar la puerta del ministerio de agricultura, pedir sus hectáreas, presentar la documentación pertinente y listo… ¿Qué paso con la transparencia y la competencia?... pendejada consumada.

-La falta de trabajo táctico que llevo a 23 policías a perder la vida, es producto primero de un actuar apresurado del gobierno ante el inminente resultado de su ineptitud y de la falta de inteligencia necesaria para repeler y controlar este tipo de situaciones. Cuando se Escucha a los oficiales decir en ‘Perú 21’ que recibieron ordenes de dirigirse sin tener un apoyo logístico y de inteligencia de manera apresurada y sin el armamento y medios apropiados, solamente queda decir que fueron enviados a una masacre.

La segunda responsabilidad es controvertida pero cierta. La situación de los decretos fue desmesuradamente utilizada para enardecer los ánimos en la amazonía. La idea de “Nos van a quitar nuestra tierra” retumbó, el gobierno escucho y no tuvo la persuasión suficiente para decir “Un momentito, vamos a conversar y te explico todo esto”. La idea de “Insurgencia” retumbó mas aún y el gobierno tampoco hizo lo que tuvo que hacer en este caso (recordemos que cuando Pizango emite su discurso de insurgencia el paro ya tenia muchos días de iniciado).

Pero estas ideas fueron exacerbadas de manera maliciosa por otro tipo de personajes. Y es que sin necesidad de generar teorías de conspiración podemos afirmar que existen elementos (no necesariamente el país del norte, si ese el del gorilón) que movieron ciertos hilos, empezaron a mal informar, azuzar, asustar y empujar a los pobladores a un enfrentamiento que nunca debió darse.

Por esto aún quedan por responderse algunas preguntas, las cuales no dan tregua ni salida para una potencial defensa a favor de la no responsabilidad del gobierno en estos incidentes o de la no participación en ellos de estos personajes patéticos, si no pregúntense: ¿Qué hizo el gobierno del tetón para contrarrestar estas incitaciones? ¿Por qué es necesario cerrar una radio y jugarse la lapidación pública por vulnerar el derecho a la libertad de expresión? ¿En realidad el gobierno es tan estúpido y con telas autoritarias? ¿Acaso la finalidad de los medios de comunicación es incitar a la violencia y al descontrol?

Sorbos, Colillas y Letras comparte el repudio de muchos por lo acaecido en Bagua; pedimos coherencia, respeto y el restablecimiento de la tranquilidad pública mediante el dialogo.