Por Joel Cáceres
Nunca me imagine escribir sobre los derechos laborales y el fujimorismo: me parece tan clara y contundente la contraposición de ambos conceptos que creí siempre que yo necesitaba mayores explicaciones a las que yo podría dar. Es más, tengo la pequeña sospecha que en los diccionarios de sinónimos y antónimos, estos dos términos deben ir como con contrapuestos.
No voy acá a explayarme en todo lo malo, contraproducente y destructor de los derechos laborales que sucedió en los noventa. Basta hablar de los despidos masivos en empresas y entidades, la destrucción del derecho a la estabilidad laboral, de las formas de participación de los trabajadores en la empresa, la abatida demoledora a los derechos colectivos, el asesinato a dirigentes sindicales, la precariedad laboral, la permisiva posibilidad que se alquile fuerza de trabajadores con la intermediación laboral ilimitada (services), una nula política de seguridad y salud en el trabajo, el regreso al arrendamiento de servicios (permisión de los contratos de locación de servicios) para trabajar en las entidades del Estado y empresas privadas, etc, etc, etc. En palabras más simplificadoras, lo que se hizo fue desregular salvajemente las normas del trabajo (que en puridad no es desregular, sino permitir, bajo la ausencia de normas equilibradoras, las imposiciones y arbitrariedades del empleador).
Queda claro que fue así. Y queda está claro, también, que bajo la consigna de las privatizaciones y “flexibilización del mercado de trabajo”, no se puede justificar de ninguna manera estos sucesos. Sin embargo, esto que me parece tan claro, entiendo que para algunos no lo está. No recuerdan pues que la libertad de trabajo es un derecho humano y de contenido social y tutelar o que la norma laboral es y debe ser protectora porque en realidad con ella garantiza el desarrollo de esa otra clase de libertades que no mencionan ni les conviene decir: la libertad de trabajo, la libertad sindical, el libre desarrollo de la personalidad y otorgamiento de la categoría de ciudadano trabajador, todo dentro del contexto de una relación de trabajo (que es a la que la mayoría de personas nos dedicamos casi toda la vida). Y es que la lógica en materia laboral fue la siguiente: dado que existe una gran cantidad de desempleo a finales de los ochenta, vamos a “flexibilizar” (léase desregular contundentemente) las normas de trabajo en pro de la competitividad y productividad laboral, para que con estas normas “flexibles” y de reducción de derechos laborales se genere mayor empleo para la gente. Y bueno, lo que se consiguió al final de la década de los noventa –además de la violación de derechos humanos, corrupción desenfrenada, institucionalización de la estupidización, etc etc- fue un misma cantidad de empleo muy similar al de finales de principios de los noventa pero con una precariedad sin igual, y de la muerte de lo laboral como política de preocupación.
Escribo estas líneas a portas de saber si esto regresará, porque me queda bastante claro que, hablando del plano de políticas laborales únicamente, la lógica del fujimorismo es la de -robándole la frase a un destacado laboralista-, desregular salvajemente los derechos laborales. Y con ello me refiero a su reducción, precariedad, aumento del poder patronal, desactivación de sindicatos, precarización del empleo y apostar por la política de que lo primero que hay que garantizar a la inversión en la empresa privada y presupuestal para de las entidades Estatales es la lógica del “cholo barato”. Si ya con el actual gobierno se ha producido muchos embates en lo que a derechos laborales se refiere, no me imagino que podría pasar en un gobierno fujimorista.
Pero no sé si todo esto está claro para aquellas personas que tienden la condición de trabajadores empleados, desempleados, en condiciones precarias, en condiciones no precarias, servicios públicos contratados, nombrados, con contratos administrativos de servicios (CAS), o por servicios de terceros (SNP). Espero que sea así, porque podemos cometer el grave error de, por diversas razones o justificaciones, elegir una política como la fujimorista que no ha cambiado en nada y que, al final de cuentas y fácilmente identificable, es contraria a los intereses de los trabajadores.
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5 comentarios:
El escenario laboral es un excelente laboratorio para estudiar este divorcio entre fantasía política y realidad social. Las leyes que se dieron desde la dictadura de Velasco y consagradas por la izquierda delirante de los 80, trataron de recubrir al trabajador con una serie infinita de beneficios, llamados hoy “derechos laborales”, empezando por el concepto absurdo de “estabilidad laboral”. ¿Cómo puede haber “estabilidad” en un mundo que es esencialmente cambiante, y menos aún en el dinámico e imprevisible mundo de la economía y del mercado? De hecho, el concepto de “estabilidad laboral” es uno de los más absurdos que hay en el campo de la legislación laboral, y solo es fruto de la demagogia más pura. Por supuesto, las empresas están obligadas a responder a la realidad del mercado y no a la fantasía ideológica de los políticos demagogos.
La consecuencia obvia, inmediata y directa de una ley que impone la “estabilidad laboral” a las empresas es que simplemente nadie quiere hacerse de trabajadores que más tarde no podrá despedir, llegado el caso en que tenga que hacerlo. La única salida es apelar a la informalidad y otros mecanismos elusivos. Así es como nacieron los contratos laborales y las “sérvices”. Lo ridículo es que hasta el propio Estado apeló a estos recursos. Entonces la pregunta es muy simple: si nadie quiere ese procedimiento legal ¿porqué no lo cambian? No lo hacen porque siguen presos de la fantasía ideológica y de la doctrina política, fenómeno muy propio de las sociedades subdesarrolladas.
Lejos de corregir la aberración creada, el siguiente paso de los políticos fue atacar a las sérvices y legislar en contra de los contratos laborales. Así fue como la informalidad aumentó todavía más y surgieron otros mecanismos elusivos como la boleta por servicios profesionales. Es decir, mientras los políticos pretenden acorralar a la realidad con sus leyes absurdas lo único que logran es empeorar la situación. Es como ajustarse más la cuerda alrededor del cuello, en lugar de desatar el nudo.
No tiene ningún sentido hacer leyes que pretenden imponerse a la realidad. Más aun de parte de un Estado que carece de la capacidad de supervisar el cumplimiento de las leyes, y menos aun de un Estado que tampoco cumple sus propias leyes y apela a mecanismos elusivos. No hay nada más dañino para la población laboral que promulgar leyes que pretenden otorgar infinitos beneficios a los trabajadores, como una obligación de las empresas. Simplemente así no funcionan las cosas.
Si los legisladores fuesen más inteligentes, menos ideologizados, menos demagogos y más realistas, se limitarían a dar leyes cuyo cumplimiento se pueda garantizar y que no someta a las empresas a condiciones peligrosas para su supervivencia. No se puede legislar ignorando la realidad, los hechos y la historia. Ya en los años 30 ocurrió un caso patético cuando los Larco dieron un gran aumento general a sus trabajadores de su hacienda azucarera confiados en nuevos contratos de exportación con los EEUU para el próximo año. De pronto los EEUU entraron en guerra y la situación cambió, pero en el Perú ya se había dado una de las primeras leyes laborales que prohibía reducir sueldos a los trabajadores. La hacienda de los Larco simplemente quebró y todos acabaron en la calle. Aunque ese es solo un caso entre miles.
Hoy la realidad nos dice que el 80% de la masa laboral es informal. ¿Sirve esto para reflexionar? ¿Es un dato a tener en cuenta para reformular el esquema de las leyes laborales? ¿Se usará como argumento para hacer leyes más realistas y menos demagógicas? Lo veo difícil. Lo más seguro es que los demagogos salgan una vez más a dar más leyes para enfrentarse a la realidad en vez de aprender de ella. En vez de eliminar conceptos absurdos como “estabilidad laboral” o “sueldo mínimo” lo que harán será reafirmarlos, incentivando la imagen perversa de que el empresario es un enemigo al que se debe combatir, según el dogma marxista de la lucha de clases, ideología que ha sido derrotada por la realidad en todo el mundo. Persistir en ella es el típico divorcio tercermundista entre la fantasía ideológica y la realidad concreta. Locura, que le dicen algunos.
Quien haya sido el valiente de copiar este post para mostrar las inconveniencias de los derechos laborales (que en la década de los 90 se vapulearon) en la realidad peruana, no ha hecho otra cosa que la de afirmar que sólo con argumentos tan poco consistentes y con premisas equivocadas sacadas únicamente del antojadizo "parecer personal", se pueda refutar algo tan esencial para la status de ciudadano como lo es el otorgamiento de dichos derechos.
Premisa errada 1: La estabilidad laboral no es incompatible con el despido de un trabajador. Puedes cesarlo por causas relativas a su conducta y capacidad e, inclusive, la normativa permite despidos sin causa, pero con un abono indemnizatorio.
Premisa errada 2: La Ley que regula la Estabilidad en el Trabajo se dio en 1986 (Ley Nº 24514) y esta se derogo en los 90 a fin de fomentar el empleo. ¿Se logró fomentar dicho empleo?
Premisa errada 3: La informalidad no es consecuencia directa de la rigidez de los derechos laborales. Para eliminar la informalidad de las microempresas (donde más se aglomera la informalidad) existe una legislación bastante desprotectora de derechos laborales, sin embargo seguimos con un gran sector que sigue prefiriendo la informalidad, a pesar del abaratamiento de los derechos de los trabajadores de los microempresarios.
Es un absurdo la obligatoriedad de un sueldo mínimo??!!... En fin.
Con la desregulación de las relaciones laborales para que trabajador y empleadores pacten libremente sus derechos y obligaciones en una "dinámica, imprevisible economía de mercado", estaríamos sustentando (directa o indirectamente) la explotación de una persona por otra o, por lo menos, retrocediendo unos 100.
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